Conforme fuera ampliamente detallado en el documento elaborado por la OIT para su debate durante la Reunión preparatoria de las Américas para la IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil “Aportes para la reflexión en las Américas” (febrero 2017), las Naciones Unidas definen como persona joven a los individuos de entre 15 y 24 años de edad. Sin embargo, en la actualidad, en muchos casos, este límite de edad llega a extenderse hasta los 29 años (OIT, 2009).
En cuanto a normas específicas en la materia, podemos mencionar la Resolución relativa al empleo de los jóvenes (OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 2005) que estableció desafíos, políticas y acciones a partir de la situación de los jóvenes frente al trabajo decente como “elemento fundamental a fin de lograr la erradicación de la pobreza y un desarrollo, crecimiento y bienestar sostenibles para todos”.
Asimismo, y durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIE de 2012 se dictó la Resolución relativa a la crisis de empleo juvenil, constituyendo un llamado a la acción tripartita para avanzar frente a las limitaciones que enfrentan los jóvenes para acceder a un trabajo decente, especialmente, destacando su vulnerabilidad en un contexto económico desfavorable que contribuye a deteriorar la calidad del empleo y, simultáneamente, a aumentar el desempleo.
COMPROMISOS ASUMIDOS
La Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la iniciativa de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL), establece un mecanismo de cooperación horizontal y de asistencia técnica entre los ministerios de Trabajo de las Américas. Su objetivo es fortalecer las capacidades humanas e institucionales en un contexto de transformaciones económicas y sociales, específicamente en los siguientes ámbitos: 1) modernizarse y fortalecer la capacidad de gestión; 2) mejorar el funcionamiento de los mercados laborales; 3) garantizar una adecuada formación profesional que responda a las necesidades del sector productivo; 4) velar por la aplicación de la legislación y la defensa de los derechos de los trabajadores; y 5) potenciar el diálogo social tripartito.
Algunos países de América Latina y el Caribe han promovido el empleo juvenil asalariado, mediante diversas iniciativas, tales como programas de capacitación e intermediación laboral mediante legislación específica, tal el caso de Argentina, Colombia, Chile Perú, República Dominicana, Uruguay México y Honduras; contratos de formación o aprendizaje como por ejemplo Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay; programas de subsidios al empleo joven en los casos de Brasil, México, Colombia, Chile y Panamá y mediante regímenes especiales para jóvenes dentro de los que se destacan regímenes de salarios mínimos (Chile, Costa Rica y Paraguay) y regímenes laborales en Paraguay y Uruguay.
Asimismo, es dable destacar la Declaración “Juventud, Emprendimiento y Educación” de la XXVII Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas suscripta en Cartagena, Colombia el 26 y 27 de octubre de 2016. En la misma se delinean una serie de iniciativas con el objetivo de posicionar a los jóvenes como actores estratégicos para la trasformación social, económica, política y cultural. Marcando como esencial para ello la educación de calidad, el diseño de las políticas educativas en colaboración con el sector privado, la capacitación, la promoción de la iniciativa empresarial, el emprendimiento y el empleo independiente de los jóvenes
Por último, la Declaración Conjunta B20/L20 “Crecimiento sostenible, trabajo decente y cohesión social en la economía digital” suscripta el 17 de Mayo de 2017, establece como prioridades un enfoque de la educación y el aprendizaje de calidad, creación y fortalecimiento de instituciones de educación y formación profesionales así como también políticas para promover el aprendizaje permanente.
POSICIÓN DEL SECTOR EMPLEADOR
El reto planteado por los altos niveles de desempleo joven es una preocupación empresaria no sólo desde el punto de vista económico del mercado de trabajo, sino principalmente desde el humano y sus repercusiones para el desarrollo completo y satisfactorio de la persona.
Ello teniendo en cuenta que, por un lado, existen una gran cantidad de jóvenes educados y formados que no pueden acceder a las vocaciones o profesiones que han escogido ni tan siquiera teniendo oportunidad de acceder al mercado de trabajo; y por otro, hay millones de jóvenes que no tuvieron la oportunidad de una educación sostenida en el tiempo, pudiendo ambas situaciones provocar una posible fractura e inestabilidad social al verse excluidos de las oportunidades de trabajo que se ofrecieron a las generaciones anteriores.
Es por ello, que este ha sido un desafío a superar ampliamente reconocido por la comunidad internacional y las empresas y organizaciones empresariales, contribuyendo a adoptar iniciativas prácticas que produzcan resultados y garantizar que el compromiso generalizado para tratar de mejorar la situación de los jóvenes se traduzca en mayores oportunidades de empleo, rompiendo de esta forma el ciclo del desempleo y la exclusión. La generación de núcleos socio productivos, en el sector agroindustria, en la construcción industrializada, en la expansión de infraestructura, en la recuperación de materiales, en energías convencionales y renovables pueden ser algunos ejemplos de generación posibilidades de empleo para los jóvenes que requieren ser integrados socialmente, a partir del trabajo de calidad en la región.
Por otro lado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) destacan la necesidad de empoderar a los jóvenes, de proporcionarles un entorno propicio para la plena realización de sus derechos y capacidades, ayudando a los países a aprovechar su situación demográfica. Específicamente, el octavo objetivo llama a todos los países a promover el crecimiento económico sostenido e integrador en el tiempo, así como el empleo, pleno y productivo y el trabajo decente para todos. La meta 8.6 establece que de aquí al 2020, debe reducirse considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
Para hacer frente a este desafío, es esencial consolidar el vínculo entre educación, empresa y empleo de forma tal que la iniciativa privada sea el motor de las economías y del desarrollo económico y social de nuestros pueblos. Es por ello que la educación es un eje clave del desarrollo, ya que a través de la misma es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de los países.
El aumento de la cobertura, los niveles, y la calidad educativa de la población se asocian al mejoramiento de otros factores claves de desarrollo y bienestar, como la productividad, la competitividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad social y, en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social. La educación, sea pública o privada, así como la formación profesional, los aprendizajes y las prácticas profesionales dentro de las empresas, juegan un papel esencial para permitir a los jóvenes ingresar al mercado de trabajo y desarrollarse en la vida adulta.
El diseño de las políticas educativas debe abordar con mucha más ambición la colaboración con el sector privado, superando prejuicios ideológicos y de otro tipo, de manera que se asegure que los jóvenes cuenten con las capacidades requeridas que el futuro de trabajo demanda. En tal sentido, los sistemas de aprendizaje deben desarrollarse de forma decidida y responder al desarrollo de las nuevas profesiones vinculadas con las necesidades de las empresas en constante evolución.
En este marco se desataca la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) como como un ejemplo exitoso de alianza entre empresas, organizaciones empresariales y organizaciones internacionales para promover y compartir las mejores prácticas en los programas de aprendizaje. Los países de LAyC que cuentan con un capítulo nacional de esta Red, son Argentina, Colombia, México y próximamente Costa Rica. Urge que el resto de los países se sume a esta iniciativa a fin de hacer frente a este desafío.
Por lo tanto, para ello es necesario contar con:
Un nuevo enfoque de la educación y el aprendizaje, que garantice que la educación preescolar y escolar siente las bases necesarias y proporcione a los niños las capacidades cognitivas necesarias, es decir, la lectura, la escritura, el pensamiento lógico, la resolución de problemas y las aptitudes de comunicación, así́ como conocimientos en CTIM, que les permitan modelar y dominar las tecnologías digitales, adaptarse al cambio tecnológico y desarrollar capacidades para la innovación y la resolución de problemas.
Instituciones de educación y formación profesionales (EFP) así como de educación superior que tengan en cuenta las necesidades del mercado de trabajo, al tiempo que cumplen su mandato de proporcionar una educación general y especializada de calidad a largo plazo, evitando así́ desajustes de competencias. Para ello se requiere garantizar que los sistemas de aprendizaje respondan al desarrollo de nuevas competencias, que las instituciones de EFP estén equipadas con herramientas de aprendizaje actualizadas y que los interlocutores sociales participen plenamente en el establecimiento, el desarrollo y la gestión de estos sistemas. El entendimiento mutuo B20-L20 sobre los elementos clave de los aprendizajes de calidad, la estrategia de competencias del G20, así́ como su iniciativa de formación de aprendices, juega un papel clave en la modernización de los sistemas de formación.
Políticas para promover el aprendizaje permanente. Teniendo en cuenta la rápida evolución del conocimiento tecnológico en la economía digital, es necesario apoyar a las empresas para que ofrezcan a los trabajadores y trabajadoras un aprendizaje permanente y experiencias de aprendizaje en el trabajo que les proporcionen conocimientos y competencias actualizados. Asimismo, para que inciten a sus trabajadores y trabajadoras a asumir sus propios compromisos en materia de formación y cualificación, reflejando los posibles beneficios para la persona en lo individual.
La contribución de los empleadores y los sindicatos en la promoción y en la inversión en iniciativas de educación técnica y profesional, incluso mediante la fundación y sostenimiento de escuelas técnicas especializadas, en la promoción de la educación de las niñas y las jóvenes adolescentes en matemáticas y ciencias y otras propuestas educativas mediante la formación docente o las campañas educativas locales.
De igual forma, es esencial la promoción de la iniciativa empresarial y del empleo independiente de los jóvenes a fin que no solo salgan de la escuela a buscar trabajo, sino también a crearlo.
No todos los jóvenes van a trabajar para un empleador. Algunos se convertirán en la próxima generación de empleadores y creadores de empleo, y serán empresarios por derecho propio. Algunos de los nuevos sectores, productos y servicios que han obtenido más éxito a lo largo del siglo pasado se crearon por iniciativa de jóvenes, y el desarrollo global y el progreso tecnológico en curso dependen de la creatividad, el esfuerzo y el impulso de jóvenes que sean canalizados con éxito en el empleo y el empleo independiente. En muchas economías, el empleo independiente no es una oportunidad o una opción, es una necesidad. Los jóvenes que quedan excluidos del empleo tienen que explorar las oportunidades de trabajo y de ingreso que pueden generar por sí mismos, y es necesario reconocerlo y ofrecer un apoyo apropiado. Incluso cuando el empleo independiente no se convierte en un compromiso a todo lo largo de la carrera, los períodos de iniciativa empresarial y de empleo independiente pueden ofrecer a los jóvenes unas calificaciones y experiencias que mejorarán su empleabilidad a largo plazo.
El emprendimiento es precisamente una de las variables clave para el crecimiento económico y debería reafirmarse el valor social de dicha condición. La ausencia de competencias específicas, la dificultad de acceso a la financiación y a los mercados, la compleja y onerosa regulación pueden llevar a que los emprendimientos de jóvenes no se concreten o deriven en empleos informales.
Por todo ello, se torna necesario que los Gobiernos adopten las medidas y políticas adecuadas para promover condiciones necesarias para emprendimientos innovadores, prósperos y sostenibles.
Con el objetivo de lograr esta finalidad, es un requisito fundamental preparar mejor a los jóvenes con las competencias y habilidades necesarias para innovar, fomentar el espíritu emprendedor a lo largo de toda la vida educativa, asegurar acceso a la financiación, la innovación y a la coordinación intersectorial.
Es primordial promover políticas que fomenten el desarrollo de la economía digital y la provisión de servicios de conectividad; las condiciones para constituir y desarrollar empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, fomentar “mentorías” – sobre todo para inclusión de las jóvenes -, contratos de aprendizaje, creación y acceso a redes, participación en las cadenas de suministro de las empresas, crear puntos de atención al emprendedor, alivianar los costos a través del otorgamiento de líneas de crédito específicas, exenciones impositivas, acortar los procedimientos previos al inicio de la actividad empresarial, simplificar los procesos de protección del conocimiento, promover la incubación de empresas, el financiamiento de presencia de ferias y exposiciones nacionales e internacionales, y también favorecer una gran variedad de formas de empleo e incentivos de distintos tipos para que las nuevas empresas puedan emplear la mayor cantidad de jóvenes.
El empleo para jóvenes no puede crearse directamente por medio de la legislación, tampoco pueden los Gobiernos obligar a los empleadores a invertir. Es el resultado de la actividad empresarial lo que crea empleo, produce la mayoría de los bienes y servicios necesarios para mejorar los niveles de vida y representa la principal parte de la base tributaria que financia los servicios públicos, siendo por eso uno de los mayores impulsores de crecimiento económico.
Por todo ello, los Gobiernos deben focalizarse en crear un clima de inversión propicio, así como analizar todas las acciones y políticas vigentes a fin de verificar si las mismas promueven o impiden la inversión, todo ello en diálogo permanente con las organizaciones de empleadores.
Los gobiernos en consulta con las organizaciones de empleadores, deberían diseñar e implementar las políticas públicas que fomenten el empleo juvenil, la educación de calidad, el emprendimiento y el clima de inversión para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular lograr para el año 2020 reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios, ni reciben capacitación (Objetivo 8.6).
POSIBLES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR EMPLEADOR
Cabe destacar que para la elaboración de esta propuesta de conclusiones, se tuvieron en cuenta las opiniones vertidas por los representantes empleadores durante las entrevistas mantenidas con este consultor. Considerando que las mismas son esenciales para la elaboración de un documento que contenga la posición del sector empresario que diariamente trabaja en estos temas y enfrenta los desafíos que los mismos conllevan.
Ello sin perjuicio de resaltar que, más allá de las diferencias de cada uno de los países que integran la región, al momento de abordar estas temáticas, todos lo hacen con un mismo pensamiento que guía su obrar.
Conforme lo expresado precedentemente y habiendo leído la bibliografía existente así como también tomado conocimiento de las diferentes iniciativas en cuanto a buenas prácticas que vienen realizándose en la región, puede concluirse que la eliminación del trabajo infantil resulta de suma importancia para el sector.
Sin desconocer la exigencia que las actividades del sector empleador formal deben estar sustentadas en el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, que definen la edad mínima para el trabajo y no pueden sustentarse en la explotación de menores bajo ninguna circunstancia.
Así como también que las prácticas contrarias a la misma afectan la reputación de las empresas y de los países en general. Desalentando la inversión y repercutiendo en una mala imagen del país, perpetuando la pobreza y generando falta de oportunidades.
Existe plena coincidencia en el sector empleador acerca de que la niñez debe dedicarse al estudio, y es imprescindible que los padres tengan ingresos para subsidiar las necesidades básicas de la familia. Por lo que es necesario que existan políticas públicas que faciliten el acceso a la educación, oportunidades de empleo y padres que puedan crecer laboralmente por el crecimiento de la economía del país.
Si bien el sector empleador considera que es necesario trabajar en la prevención y en su mayoría entiende que no existe trabajo infantil en la empresa formal, las estadísticas demuestran que hay 11,5 millones de niños en esta situación en ALYC.
Esto afectará a mediano y largo plazo el recurso humano de la empresa y evitará que los jóvenes puedan formarse y capacitarse o tener una educación de calidad para que lleguen a ser ciudadanos, futuros colaboradores y empresarios, en un mundo cada vez más complejo y tecnológico.
Se pueden mencionar algunas propuestas concretas sobre el rol del sector empleador de ALYC y las acciones que éste puede realizar a fin de contribuir a la eliminación definitiva del Trabajo Infantil y del Trabajo Forzoso. Estas se sintetizan en:
Difundir dentro de los organismos empleadores y con las empresas la campaña de erradicación del trabajo infantil; coordinar con las autoridades administrativas o gubernamentales acciones conjuntas para el mismo efecto.
Efectuar eventos con los socios de las organizaciones de empleadores, mostrando los efectos negativos de esta práctica.
Capacitar y difundir entre los asociados y empresas del sector privado sobre el cumplimiento de la Ley relativa a estas temáticas.
Impulsar políticas laborales y sistemas de gestión en las empresas que verifiquen la no contratación de mano de obra de menores por debajo de la edad mínima permitida y la debida protección del adolescente trabajador.
Vigilar y convertirse en promotor/fiscalizador y vocero de la cobertura educativa de calidad a nivel nacional.
Proponer, promover y realizar acciones preventivas en las comunidades de influencia.
Las grandes compañías - y los gremios – en el ámbito de la formalidad permiten sensibilizar a los contratistas y las cadenas de suministro en no tener trabajo infantil y lograr el compromiso de las empresas medianas y pequeñas. La sensibilización de la cadena de suministros debe incluir su asesoramiento.
Participar activamente en los procesos de formulación de políticas públicas de erradicación del trabajo infantil para lograr un mayor compromiso de todos los sectores.
Reforzar las redes de empresas contra el trabajo infantil
Contribuir a proyectos de ley y reglamentaciones que se ajusten a la realidad.
Concientizar sobre la importancia de la prevención.
Promover que los hijos de los trabajadores de las empresas asistan a la escuela o reciban una educación adecuada, generar un impacto en nuestros colaboradores y en la comunidad donde se desarrollan nuestros negocios.
El sector empleador identifica como elementos preocupantes:
El peso de una matriz sociocultural que entiende que el trabajo infantil es necesario, parte de la cotidianeidad;
La ausencia del Estado, que no llega a muchos lugares, sin oferta institucional;
La falta de oportunidad en zonas alejadas, la presencia de grupos armados acentúa este aislamiento. Por ello, la importancia de la pacificación social, que genera oportunidades importantes.
Abordar la cuestión de la informalidad en este tema es central para el sector empleador de ALYC. La informalidad constituye gran parte de la economía de nuestros países y está asociada a la desprotección social. Esta falta de garantías en la seguridad social conduce, en la visión del sector empleador, a las peores formas de trabajo infantil. En ALyC, Caribe hay al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa al 47,7% de los trabajadores.
Entre los factores que contribuyen a acelerar la erradicación del trabajo infantil y el trabajo forzoso, podemos distinguir:
Aplicación rigurosa de la ley en los casos de las peores formas de trabajo infantil, utilizando incluso figuras de orden penal, cuando procedan;
Generación de inversiones en las áreas en donde se detectan situaciones sociales y económicas que propician que los menores se vean obligados a trabajar, de manera especial, brindando empleo a los padres de los menores, para alejarlos del trabajo.
Impulso y fortalecimiento de alianzas público-privadas;
Definición clara de lo que es trabajo infantil, de las edades con autorización del Ministerio de Trabajo;
La capacitación en el ámbito público y privado y los procesos de capacitación de los organismos municipales.
En tanto que las barreras que el sector empleador identifica, como ya se manifestara:
Informalidad del mercado laboral y la actividad económica, que se incrementa en el área rural;
Patrones culturales obsoletos en cuanto al reconocimiento de los derechos del niño y el adolescente
La pobreza estructural y la ausencia de oportunidades de empleos dignos– que se eleva al 30% de los habitantes de la región, de acuerdo con últimas proyecciones de la CEPAL - y el problema de las zonas aisladas;
Desarticulación de entidades que trabajan sin coordinación efectiva;
Ya existen mecanismos, herramientas y acciones a nivel regional, pero el sector empleador sostiene que es necesario avanzar en el cumplimiento de la meta de erradicación del trabajo infantil y del trabajo forzoso y en la generación de trabajo juvenil, con abordajes diferenciados para los tres temas.
La erradicación de trabajo infantil y, principalmente, el enfoque de prevención debe seguir siendo un tema individualizado y ha de priorizarse de esta manera, para lograr avances.
En los casos del empleo juvenil y del trabajo forzoso, las acciones son más amplias, e incluso se puede decir que las acciones para estos dos temas son las relacionadas a la política general de empleo de un país.
La educación es una de las herramientas más potentes para la prevención de trabajo infantil, la eliminiación del trabajo forzoso y la promoción de empleo juvenil de calidad.
Las redes como REDUCA y sus socios, en cada país, son uno de los mejores mecanismos regionales para poner el enfoque de la educación, medición y propuesta de calidad educativa, cobertura de horas de clase, calidad de presupuesto y la inclusión de tecnologías de información y acceso a Internet en las escuelas.
Los Gobiernos deberían incluir dentro de sus políticas de compras la verificación de no existencia de mano de obra infantil; y en sus programas sociales la precondición de la verificación de no trabajo infantil.
El sector empleador considera al modelo Predictor como una alternativa interesante, porque puede generar indicadores utilizando la geolocalización, lo que permite desarrollar esfuerzos conjuntos en función a un mapa de riesgo concreto. Se trata de una lupa, un amplificador de situaciones en lugares específicos. Utiliza toda la estadística del país. Conjuga y da herramientas donde hay municipios en los que se puede detectar trabajo infantil. Permite identificar cuáles áreas están más complicada. Sirve para bajar los índices. Pero el sector empleador manifiesta que aún falta difusión para entender e implementar este modelo.
Asimismo, destaca la importancia que el mismo no se utilizado con fines diversos a los creados y acordados, como por ejemplo para comparar países, como una herramienta de comercio internacional para definir barreras arancelarias. No debe desvirtuarse su verdadero objetivo que es fortalecer los esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil.
La Plataforma Virtual de Buenas Prácticas del sector empleador son cosas que ya funcionan y se considera imprescindible reforzar.
Se considera sumamente necesario fortalecer el trabajo con los medios de comunicación, difundir – mediante ideas innovadoras – buscando un impacto multiplicador mediante la sensibilización por medio audiovisuales.
Por último, y ya adentrándonos en el tema del empleo juvenil, no hay que perder de vista la educación industrial formal, que siempre es un camino a través del cual se prepara desde la escuela a los menores y les facilitará el acceso al trabajo en su oportunidad.
El sector empleador visualiza la articulación del mercado de trabajo con el sector educativo:
Promoviendo alianzas entre los Ministerios de Educación y/o las escuelas de los países para que la currícula escolar principalmente en las áreas rurales responda a las necesidades productivas de los lugares - es decir, que la escuela responda a las demandas concretas del mercado laboral;
Implementando estrategias de articulación, orientación, innovación y promoción de los emprendedores, con foco en las empresas sostenibles. La coordinación entre el gobierno y las organizaciones empresariales debe concentrarse no sólo en la identificación de necesidades técnicas, sino también en las habilidades sociales que se requieren;
Estableciendo la relación directa entre Gobierno y Sector Empleador en programas para aprendices, contratos de aprendizaje, a fin de acoplar a los jóvenes al mundo laboral.
Aún falta un largo camino por recorrer en materia de promoción y generación de empleo joven de calidad. Faltan políticas públicas e incentivos. Falta inversión en formar jóvenes para su primer empleo.
Es necesario superar el esquema tradicional del recurso humano formado versus el programa de primer empleo.
Un elemento central identificado por los empleadores es que en América Latina no hay tradición de “mentoreo”. No se da paso a las nuevas generaciones, así como tampoco a las generaciones intermedias ya que las generaciones mayores se perpetúan en los puestos directivos. Existe una clara crisis de liderazgos que debe superarse, ya que no se da oportunidad para formar a las nuevas camadas de dirigentes ni para el crecimiento de los mandos medios.
Las herramientas e incentivos que el sector requeriría para facilitarle su contribución a la creación de empleo joven serían las mismas que para la creación de empleo en general. La mejora en el clima de negocios siempre facilita la contratación de trabajadores, al igual que una adecuada flexibilización del mercado laboral sin comprometer derechos esenciales y la incentivación de la inversión productiva.
A fin de mejorar la relación calidad educativa/productividad, el sector empleador identificó algunas áreas de mejora:
Desarrollar reglamentaciones que faciliten en el marco del sistema de seguridad social la incorporación de los “trainees” para apoyar su proceso de inserción laboral con la protección adecuada y accesible económicamente para el empleador;
Optimizar los sistemas de información sobre capital humano, pertinencia, orientación a los estudiantes, planes nacionales de bilingüismo, calidad en la formación profesional – dando prioridad a la educación terciaria;
Incentivar la mentoría en las PyMEs, la figura del mentor empresario y las empresas de mujeres.
Como conclusiones finales, el sector empleador considera que la Iniciativa regional de ALyC para la eliminación del trabajo infantil puede ser tomada como impulsora de nuevos procesos de diálogo social en torno a la implementación efectiva de políticas, y la evalúa de manera positiva, en tanto mantenga el foco en la erradicación del trabajo infantil, con un enfoque prioritariamente preventivo.
Esto requerirá de un diálogo social más profundo, para su implementación y para una mejor y mayor comprensión. La experiencia de otras regiones, el trabajo en códigos de conducta, el intercambio de buenas prácticas y la sensibilización de los Gobiernos será fundamental en el corto plazo, si se quiere avanzar con las acciones asociadas a la Meta 8.7.
En el marco de la IV Conferencia Mundial de Trabajo Infantil a realizarse en Argentina en noviembre de 2017, es necesario que el objeto central sea el trabajo infantil y su erradicación así como derivaciones vinculadas. Ello sin perjuicio que se aborde el trabajo forzoso de los menores y la generación de empleo para los jóvenes; pero sin perder el enfoque central del trabajo infantil.
El sector empleador coincide en que el trabajo forzoso de los mayores es un tema de especial importancia y que presenta vasos comunicantes con el trabajo infantil en sus peores formas, pero enfatiza que son otros los escenarios y las entidades que se deben ocupar prioritariamente del tema.
Es necesario priorizar los temas y las propuestas de soluciones y herramientas para superar la etapa de estancamiento que tuvo la erradicación del trabajo infantil, a fin de abordar futuros desafíos. El desarrollo sostenible y la Meta 8.7 pueden proporcionar el marco adecuado para lograrlo.
